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28 marzo, 2022

El tercer pilar de la educación médica

La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro paradigma de lo que conlleva la palabra salud y su extensión en varios aspectos, asimismo, nos ha demostrado las vulnerabilidades que el sistema de salud mexicano arrastra desde hace varios años y su poca resiliencia ante la catástrofe que se ha extendido durante los últimos dos años.

Todos los ámbitos de este sector han sido sacudidos, ya sea por el contacto directo con la enfermedad y la baja temporal o permanente de los profesionales de la salud, la modificación del estilo de vida en la población general para evitar el contagio, dándose la dicotomía entre la exposición por medio de lugares laborales o por no obtener el sustento adecuado para satisfacer las necesidades básicas y no menos importante, por la interrupción de personal que se capacitaba en las universidades, lo que implicó la posibilidad de egresados con deficiencias en su educación por falta de conocimientos y competencias prácticas, dadas por el cumplimiento de disposiciones sanitarias.

En este último aspecto entra la figura del médico interno de pregrado, aquel estudiante que ha concluido los ciclos básicos y clínicos con respecto a la universidad en que está inscrito y tiene que enfrentarse a un nuevo ciclo anual que teóricamente sirve para poder integrar y consolidar los conocimientos básicos, clínicos y humanísticos que le fueron otorgados en la institución.

Sin embargo, en toda su formación como profesional de la salud tuvo un contacto mínimo con los procedimientos administrativos de cualquier sistema de salud mexicano (Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE], Secretaría de Salud [SSA)], etcétera) y con la manera de aplicar las normas operativas hacia los pacientes, lo cual disminuye la calidad de la atención hacia el enfermo.

Una revisión superficial y el sentido común denotarían que los médicos internos de pregrado aún no tienen la capacidad de tomar decisiones relevantes, ya que sus profesores y doctores encargados de la formación de esta última etapa tendrían que ser los responsables de los procesos, pero esto se contradice con la realidad que existe en México, donde conforme a la información del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) en su documento de trabajo número 269 titulado La Calidad en los servicios de salud en México , en el año 2010, 70% de las unidades de primer nivel de atención de las instituciones públicas es atendido exclusivamente por personal médico en etapa de formación, que incluye al médico interno de pregrado o al estudiante que cursa el servicio social, ambos sin un título, que a su vez es requisito para obtener la cédula profesional médica, documento indispensable para ejercer medicina en México.

Además de que esto es un alarmante indicador de la situación de vulnerabilidad que enfrenta el Sistema de Salud Federal, también implica una situación de vulnerabilidad a los estudiantes que no pueden obtener los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros que normalmente se pueden pedir a los diversos centros de salud o coordinaciones superiores de las instituciones, aumentando el detrimento en la atención del paciente.

En tales circunstancias, el perjuicio que cometen hacia el médico en formación es doble, uno de ellos consiste en obligar al estudiante, aún sin la formación y capacitación adecuada, a enfrentar una responsabilidad que se le ha impuesto y otro, tener las mismas obligaciones que los empleados y profesionales del sector de la salud sin gozar de los derechos consecuentes, por ejemplo, recibir una compensación por sus servicios.

Esto se agudizó en la toma de decisiones con respecto a la modificación de los procesos administrativos y operativos en la pandemia, en donde los primeros arreglos para la protección de médicos, enfermeras y técnicos auxiliares, como la utilización del equipo de protección personal, no se consideró en ninguna instancia a los médicos internos de pregrado y en servicio social, que dieron consulta y servicios sin la protección necesaria que debería ser proporcionada en los centros de salud y, por tanto, debían adquirirla con dinero propio, si su economía lo permitía.

Dicho panorama, que fue puesto en evidencia por este desastre, nos da la oportunidad a los actores primarios que sufrimos las repercusiones de las omisiones en los estatutos, de revisar los lineamientos y normativas institucionales, locales, estatales y federales para conocer, evaluar y modificar si son necesarios estos reglamentos para la protección de los estudiantes y tiene que comenzar desde las universidades, con expertos tanto en temas administrativos como sanitarios, apoyándose en prácticas y proyectos de investigación para actualizar las leyes que rigen actualmente, en aras de brindar la protección necesaria para los médicos del futuro inmediato. Ya no solo se trata de enfocarse en la enseñanza clínica-operativa y de investigación, sino de crear un tercer pilar fundamental en la enseñanza médica: la administrativa-sanitaria.

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5908705#vp_1


Créditos: Comité científico Covid

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